En colaboración con el Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social, hemos dedicado nuestro Suplemento Participa Perú No. 21 a presentar información, reseñar experiencias y recoger opiniones sobre la transferencia de los programas sociales a las municipalidades. (ver en www.participaperu.org.pe) De los varios temas ahí tratados, nos interesa desarrollar en estas líneas las que consideramos dos de las interrogantes centrales a ser despejadas durante el año 2005, para asegurar la marcha del proceso. En primer lugar, debiera establecerse, de una vez por todas, un cronograma para la incorporación al proceso de las municipalidades aún no acreditadas. Están pendientes de acreditación una tercera parte de las municipalidades provinciales y más de 1,000 municipalidades distritales. De la misma manera, debiera establecerse un cronograma para la incorporación al proceso de otros programas del MIMDES aún no considerados y de programas de otros ministerios. En segundo lugar, al establecer este cronograma debiera hacerse una evaluación clara y transparente respecto de la utilidad de las acreditaciones hasta ahora realizadas y de la manera cómo se piensa acreditar a las municipalidades pendientes para la transferencia de los programas que vienen siendo transferidos y de aquellos que aún no son parte de este proceso. ¿Han servido las acreditaciones realizadas para demostrar que algunas municipalidades tienen –y otras no- capacidad de adquirir, almacenar y distribuir alimentos o capacidad de construir pequeñas obras de infraestructura social y productiva? Pensamos que no, y que –en consecuencia- no hay manera de saber si una municipalidad acreditada es más capaz de asumir con responsabilidad y eficiencia los recursos de los programas sociales, que una no acreditada. ¿Qué es razonable hacer entonces hacia adelante? Imaginamos cuatro escenarios posibles. El ideal: reemplazar el concepto mismo de la acreditación por el de la asistencia técnica para el desarrollo de capacidades de gestión en este terreno. El mal menor: mantener los criterios de acreditación establecidos por el MIMDES, vigentes a la fecha. Un mal mayor: generar requisitos nuevos, diferentes a los ahora vigentes, para la incorporación de nuevos programas como los productivos de FONCODES, los nutricionales del MIMDES, los de otros Ministerios. Algo inaceptable: asumir los criterios establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Acreditación. Junto con el debate sobre si es que se debería acreditar capacidades, para acceder a estas transferencias, y cómo hacerlo, se ha abierto también la discusión sobre cómo evaluar la calidad de la gestión de estos recursos, y qué estímulos y sanciones deben corresponder a los resultados positivos o negativos de las evaluaciones a ser realizadas. El MIMDES ha generado una norma que define estos estímulos y sanciones (ver NIA No. 43 en www.participaperu.org.pe), aunque están pendientes de diseño los indicadores de gestión para el monitoreo y evaluación, así como el diseño del sistema de información y su implementación , para la verificación del cumplimiento de metas. El diseño del MIMDES ha enfatizado las sanciones (suspensión del convenio de gestión y de las transferencias como tales, impacto negativo en las transferencias de competencias) por sobre los estímulos (estímulos simbólicos, gestión de becas, gestión de recursos adicionales). Esa norma debe ser derogada para diseñar de manera consensuada otro enfoque al respecto. Pero es cierto que la noción misma de estímulos y sanciones deriva de un concepto previo: la naturaleza condicionada de la transferencia de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que son recursos que no pueden ser usados para cualquier cosa sino para fines específicos (programas de complementación alimentaria, pequeñas obras de infraestructura social en el marco de la lucha contra la pobreza). Desde esta perspectiva, lo que busca el Gobierno Central es asegurar que las municipalidades usen estos recursos para determinados fines, y que los usen bien. El reto en este terreno es conciliar la existencia de políticas, estrategias y metas nacionales en la lucha contra la pobreza (bajar los índices de malnutrición infantil o garantizar a todos acceso a agua potable) con la autonomía municipal. El riesgo de la autonomía es que algunas autoridades o poblaciones no asuman como suyas esas metas. El riesgo de la transferencia condicionada es la discrecionalidad de la autoridad central en el monitoreo y evaluación de la gestión local y la aplicación de estímulos y sanciones. La respuesta debe surgir de la coordinación y la concertación entre los actores en torno a esas metas nacionales a ser logradas desde gestiones locales, y en torno a cómo evaluar esa gestión y qué estímulos y sanciones aplicar. Será bueno para la descentralización, y para todos sus protagonistas, si durante el 2005 logramos claridad respecto de la incorporación de nuevas municipalidades a las transferencias, sobre las acreditaciones, y sobre el monitoreo de la gestión de los recursos transferidos. Y será mejor si en ese proceso la participación ciudadana y la voluntad de las autoridades municipales confluyen en una mejor priorización de la asignación de los recursos transferidos y una más eficiente gestión de los mismos.
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