Gracias a la revelación de un medio de comunicación el país se enteró que el Gobierno preparaba el lanzamiento de un nuevo programa social, denominado Pro Perú. Confirmado oficialmente después, se trata de un programa que en su período inicial de 3 años, entregará una cantidad de dinero a madres de familia identificadas como las más pobres, con la condición que asistan a sus controles médicos regulares y a las vacunaciones de sus hijos. Posteriormente, por dos años adicionales, se las apoyará en el desarrollo de sus capacidades productivas. El programa que tendrá un costo estimado de alrededor de 100 millones de dólares, pretende incorporar hasta julio del 2006 a 2’446,300 personas en las áreas rurales y a 330,500 en las zonas urbanas. Programas similares en México y Brasil parecen haber sido relativamente exitosos al inducir a las familias a prestar mayor atención a la educación y salud de las mujeres gestantes y sus hijos menores e inyectar recursos en las economías locales. Sin embargo, el inminente lanzamiento de Pro Perú ha generado voces de preocupación de distintos sectores, incluidos aquellos que consideramos que se trata de una buena idea. La preocupación por su intencionalidad política en medio de la inminente campaña electoral y su improvisación –más aún tratándose de un programa complejo que necesariamente deberá interactuar con las acciones de otros sectores (salud, educación, mujer y desarrollo social, entre otros)- son los argumentos más recurrentes. Más allá de las críticas al futuro programa, creemos que su anuncio constituye una excelente oportunidad para ventilar y discutir varios temas de fondo que están a la base de éste y otros programas similares. El primero de ellos está referido a la necesidad y a la legitimidad del subsidio a distintos sectores pobres y excluidos de la población para que puedan tener acceso a derechos básicos, en salud, por ejemplo. Distintos voceros neoliberales pretenden cuestionar este asunto, por lo que es indispensable debatirlo. En segundo lugar, el programa pone en evidencia la necesidad de acordar el incremento de los recursos que el Estado destina a la inversión social. ¿De qué sirve, por ejemplo, que se incremente la demanda de vacunas cuando la cadena de frío del Ministerio de Salud, que tiene por función conservarlas, está al borde del colapso, por falta de presupuesto?. Es claro que discutir el incremento de los recursos supone establecer prioridades nacionales y un Plan que avance y supere las insuficiencias del Plan de Lucha contra la Pobreza, establecido el año pasado. Es claro, en tercer lugar, que se requiere de la mayor transparencia en el manejo de los recursos presupuestales. ¿Cómo se financiará el programa? ¿Existen acaso otros recursos que desconocemos y que le dan flexibilidad al gobierno en el manejo del presupuesto de este año, como lo advirtió un conocido analista económico días atrás? Dicha transparencia que debe suponer la incorporación de los programas sociales y de las distintas transferencias en el debate presupuestario , precisando el financiamiento de todos ellos, es más urgente en los presupuestos del 2005 y el 2006 por la coyuntura electoral. Pro Perú y los distintos programas sociales, en cuarto lugar, deben verse como una de las dimensiones de la urgente reforma del Estado. Cierto que es importante discutir la efectividad de los mismos y su eventual redefinición. Pero ello debe hacerse como parte de la precisión del rol del Estado, de su responsabilidad en la política social, del carácter de ésta y de la necesaria complementareidad que hay que construir en la intervención de los distintos sectores. Finalmente, es oportunidad para precisar claramente el rol de los gobiernos locales y regionales en la política social y en los distintos programas sociales. Hoy día están básicamente excluidos de su definición y son básicamente ejecutores de los mismos –Pro Perú, de lo dicho hasta ahora no parece será una excepción- atentando contra la efectividad de aquellos y contra los compromisos básicos del proceso de descentralización en curso. En el caso de Pro Perú, adicionalmente, creemos que en la vigilancia de su implementación habría que precisar el rol que deberían cumplir los Consejos de Coordinación Local. De esta manera, en un marco más amplio y ligando su diseño final a un debate abierto que permita la construcción de acuerdos al respecto entre las principales fuerzas políticas y sociales del país, Pro Perú, que puede ser una buena iniciativa, podría adquirir un sentido distinto y responder a los objetivos que todos queremos, asegurando su complementareidad con otras intervenciones del Estado, incorporándose a un acuerdo sólido sobre inversión social y lucha contra la pobreza que supere las limitaciones de los instrumentos hoy día vigentes y alentando organización y liderazgo local de quienes participan en el mismo. En dicho marco será posible responder a los distintos retos inmediatos que supondría Pro Perú: i)diseñar y llevar a la práctica una metodología absolutamente transparente de focalización de los hogares más pobres en cada distrito del país; ii)diseñar un mecanismo imparcial de verificación del cumplimiento de las condiciones del programa por las familias participantes; iii)diseñar un mecanismo transparente y eficiente para la distribución del dinero, especialmente en las zonas rurales; iv)potenciar las capacidades de los sectores salud y educación, por lo menos, para prestar servicios de calidad elemental a las familias del programa; v)definir con precisión los roles del Estado en sus tres niveles; vi)definir un directorio plural con participación importante de la sociedad civil; vii)precisar la relación de sustitución o complementareidad del nuevo programa con los ya existente.
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