La Comisión de Constitución del Congreso ha dictaminado favorablemente una iniciativa legislativa para darle rango de nivel de gobierno a las actuales Municipalidades de Centros Poblados. El Perú pasaría a tener cinco niveles de gobierno (Central, Regional, Provincial, Distrital y uno adicional), a lo que hay que añadir que, todavía durante un tiempo, tendremos Gobiernos Regionales (ya integrados) y Gobiernos Regionales en departamentos (pendientes de integración). Si se mantiene la actual asignación de recursos a las municipalidades, los 1,900 millones de soles (aproximadamente 2 puntos del IGV) que actualmente se distribuyen vía el FONCOMUN a las 194 municipalidades provinciales y 1,634 municipalidades distritales, tendrían que distribuirse también a los 1,861 centros poblados menores que se convertirían en nuevas municipalidades. Peor aún, crecería el porcentaje de ese monto que se va en gasto corriente, proporción que crecería inevitable pues las nuevas municipalidades pagarían sueldo a alcaldes y funcionarios y dietas a regidores, además de gastar también en infraestructura y funcionamiento. Todo esto contradice el proceso de integración de regiones en curso y la necesidad de fomentar el asociacionismo municipal con miras a integrar una demarcación municipal excesivamente dispersa. En vez de crear un quinto nivel de gobierno habría que brindar estímulos a la asociación en mancomunidades para promover la integración de algunos distritos con baja densidad poblacional. Pese a todo, hay que considerar que la norma propuesta responde a un problema real. En muchas zonas rurales alejadas, las municipalidades distritales carecen de recursos y, en muchos casos, de voluntad para atender las demandas de las poblaciones rurales más alejadas. La búsqueda de acceso a recursos y servicios públicos es la razón por la que –históricamente- los caseríos y las comunidades campesinas han pugnado por convertirse en centros poblados menores y en distritos. Debemos imaginar otras estrategias orientadas a promover la inclusión de estas poblaciones sin caer en el recurso fácil e irresponsable de fragmentar aún más la institucionalidad del Estado. Creemos posible asignar mayores recursos a las municipalidades, los cuales deberían ser aplicados obligatoriamente a la inversión en los sectores más pobres, la mayoría de los cuales vive en los distritos rurales andinos donde existe la mayor parte de los centros poblados menores. Por ejemplo, que 1 punto porcentual del IGV se destine a este objetivo significaría un incremento de aproximadamente 900 millones de soles de inversión en esas zonas. La inclusión política es otra dimensión fundamental para hallar posibles soluciones. Es indispensable que la decisión sobre en qué aplicar estos recursos adicionales de inversión se haga incorporando a los centros poblados menores en la elaboración participativa de los presupuestos locales, asegurando para ello la presencia activa de los alcaldes delegados y de las organizaciones sociales de los centros poblados en el proceso del presupuesto participativo. Es necesario abrir un debate serio y responsable en pos de nuevas propuestas en este terreno, para responder, aunque sea parcialmente, a las justas exigencias de las poblaciones más pobres y alejadas sin por ello incrementar los problemas de fragmentación institucional y presupuestal que son una debilidad sustantiva de la gestión pública local y regional.
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