|
El proceso de integración de los actuales
departamentos en nuevas y más grandes regiones ha entrado en la recta final. La encuesta de IMASEN que publicamos en
esta página (www.participaperu.org.pe/novedades/encuesta_imasen.xls) muestra los importantes límites
de información que la ciudadanía aún muestra de cara al referéndum del 30 de
octubre. Pero también nos indica que en un número importante de departamentos
la votación por el Sí puede consolidarse, mientras la opción por el No, que es
mayoritaria en algunos pocos casos, ganaría por escaso margen.
Frente a las opciones ciudadanas
por el Sí o por el No hay dos estrategias en conflicto. Una viene desde abajo,
promovida mayoritariamente por distintas organizaciones y colectivos de la
sociedad civil y algunas pocas autoridades regionales y locales comprometidas
con el proceso de descentralización y con la integración regional. Agrupados
departamental y regionalmente, han llevado adelante campañas de información y
de divulgación de los alcances de las distintas propuestas, apostando en los
más de los casos por el Sí. Superando distintas limitaciones, se han convertido
en los principales difusores de los Expedientes Técnicos y del enorme sentido
político de la integración a través de foros públicos, publicaciones, debates
radiales y distintas campañas de comunicación. A esta campaña se ha sumado,
aunque tardíamente y sin los recursos suficientes, el Consejo Nacional de
Descentralización.
Desde arriba, el Ejecutivo no
tiene iniciativa y se mantiene en silencio, sin comprarse el pleito de la
integración regional, desconociendo su compromiso con la única reforma realmente
emprendida en casi cinco años de gobierno, al punto que el Presidente del CND
se ha quejado públicamente de la falta de apoyo de sus colegas del Ejecutivo a
la integración. Por su parte, el MEF ha aprobado un Reglamento de la Ley de
Descentralización Fiscal que desconoce los supuestos con los que se formularon
los expedientes Técnicos aprobados por el CND, frustrando así las expectativas
creadas.
El Congreso de la República -tras
buscar infructuosamente postergar la consulta ciudadana del 30 de octubre-
desde el mes de agosto ha demorado la aprobación de las modificaciones
normativas necesarias para corregir algunas ambigüedades legales sobre el
referéndum y las nuevas regiones. Ahora, en una actitud lamentable,
congresistas que firmaron los acuerdos de la Comisión retiran sus firmas
mientras que representantes de diversos partidos buscan impedir que el Pleno
debata lo acordado en la Comisión.
La mayor parte de los partidos
políticos nacionales y sus líderes –más interesados en promover sus
candidaturas para el 2006- han guardado silencio público frente a un tema de
interés nacional y en muchos casos han presionado a su militancia para asegurar
el bloqueo y posterior fracaso de la integración en debate, haciendo evidente
su temor a un eventual resultado que redefina y reduzca sus respectivas cuotas
de poder. Han mostrado, una vez más, el escaso respeto que les merecen los
ciudadanos y ciudadanas del interior del país.
Por su parte, varias autoridades regionales
que prepararon y presentaron las propuestas de integración de sus regiones,
ahora hacen campaña por el no. ¿Auténtico desengaño frente al Reglamento de la
Ley de Descentralización Fiscal? ¿Sometimiento a las directivas de sus
direcciones partidarias? ¿Cálculo frío de sus posibilidades en la futura
consulta? En cualquier caso, falta de responsabilidad con sus electores.
En este contexto de desigual
competencia entre los intereses y expectativas de la gente y el afán de conservación de la mayoría de
los políticos, seguimos convencidos que la integración regional es el aspecto
más dinámico de la descentralización y puede ser un proceso que determine su
profundización. La integración de dos o más regiones en octubre, pondría al
nuevo gobierno que resulte de las elecciones del 2006 –cualquiera que éste sea-
frente a un proceso en marcha, y por lo tanto irreversible.
En el mediano plazo, como lo
hemos reiterado repetidas veces, la regionalización nos permitiría contar con
espacios con una dotación mayor y más diversa de recursos naturales y de
capacidades productivas e institucionales, con mejores posibilidades de
construir equidad y democracia, de generar desarrollo. Regiones más grandes
serían, sin duda, más fuertes para negociar sus intereses con el gobierno
nacional. La posibilidad de un nuevo equilibrio de poderes en el Perú sigue
siendo entonces el principal temor del centralismo y sus muchos defensores.
| 
