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Las exoneraciones tributarias y el desarrollo de la Amazonía
| El Congreso ha aprobado un proyecto de ley para restituir
las exoneraciones tributarias en los departamentos de la Amazonía. Tomó la
decisión sin promover el diálogo con los gobiernos regionales y locales, ni
consultar con las organizaciones e instituciones de la sociedad civil.
Si se promulga esta ley se afectará directamente a un
amplio sector de la población amazónica, ya que los gobiernos regionales dejarán
de contar con los recursos provenientes de la eliminación de las exoneraciones,
los cuales están destinados en su totalidad a proyectos de inversión, es decir
a obras y equipamiento para mejorar las condiciones de vida en una región
marcada por la pobreza y la exclusión.
No nos estamos refiriendo a un pequeño monto, sino a cientos
de millones de soles anuales. Para tomar una decisión de tanta importancia ni siquiera
se solicitó un estudio sobre el impacto de las exoneraciones en el desarrollo de la región
amazónica, pero lo que sí está demostrado es que sus niveles de pobreza son los
más altos del país. También está demostrado que para utilizar las exoneraciones
se han generado sistemas a través de los cuales se estafa al Estado y se lucra
a costa de todos los peruanos, incluidos los que habitan en la Amazonía. El
comercio clandestino de la gasolina es el más claro ejemplo de ello. También se
han presentado datos que demuestran cómo se han creado fortunas con el mal uso
de las exoneraciones.
Con este tipo de medidas, aisladas e improvisadas, la
mayoría del Congreso pone en evidencia que carece de voluntad y capacidad para
promover un debate serio sobre el
desarrollo de la Amazonía. En lugar de analizar con
responsabilidad el tipo de medidas legislativas que deben aprobar para avanzar
hacia una propuesta integral en beneficio de esta región, toman decisiones como
ésta, que les permiten presentarse como supuestos defensores de la región con
miras a la coyuntura electoral.
Los efectos de los lamentables sucesos de Bagua –en los
cuales es evidente la responsabilidad del Congreso– han durado muy poco. Los planteamientos
y demandas que han puesto en la agenda pública los pueblos indígenas de la
Amazonía, y sobre los cuales siguen dialogando y movilizándose, no merecen la
atención de nuestros congresistas. Entre los puntos más relevantes están los
siguientes: el uso racional de nuestra riqueza forestal, los derechos culturales
y de propiedad de las comunidades nativas, la importancia de identificar y
potenciar actividades económicas ambientalmente sostenibles y la mejora
sustantiva de servicios fundamentales como la educación y la salud.
Los pueblos de la Amazonía están planteando al conjunto
de la sociedad y al Estado la necesidad de construir una nueva estrategia de
desarrollo. No se trata, como pretende el gobierno y un sector de la prensa, de
temas del pasado o de la nostalgia de algunos cuantos ambientalistas. El
ordenamiento del territorio y la zonificación ecológica y económica concertada
son dimensiones fundamentales para enfrentar algunos desafíos importantes del
siglo XXI, como son el calentamiento global y la inseguridad alimentaria. En
este terreno, la Amazonía constituye un espacio estratégico; esto es algo que a
nuestra clase política le cuesta entender y sobre lo cual los pueblos indígenas
vienen insistiendo.
La ley aprobada por el Congreso no se orienta a
identificar medidas para hacer más eficaz el uso de los recursos provenientes
de la eliminación de las exoneraciones a favor de las comunidades nativas;
tampoco para que se utilicen en la promoción de las pequeñas empresas o para
mejorar los servicios de educación y salud. Simplemente optaron por restaurar
las exoneraciones y con ello eliminaron recursos para proyectos viales, obras
de saneamiento o escuelas, entre otros, todos ellos en beneficio de la
población amazónica. Al parecer, la prioridad del Congreso está en los
intereses de un grupo reducido de comerciantes, quienes son los destinatarios
directos de un sistema de incentivos que muestra su agotamiento por varios
lados.
La decisión de los congresistas tendrá efecto sobre los
programas y proyectos que los gobiernos regionales han considerado en su presupuesto
2010. Es decir que tendrá una consecuencia inmediata sobre la población, en
particular sobre aquélla que vive en la pobreza y la exclusión.
Un argumento que se usa como justificación de esta
improvisada decisión es que los gobiernos regionales no tienen capacidad de
inversión. Bastaría el ejemplo del Gobierno Regional de San Martín, que ejecutará
el 100% de su presupuesto este año, para demostrar que se trata de una
generalización sin sustento en la realidad. Incluso si consideramos las
gestiones más deficientes, tampoco es válido el argumento, ya que al tratarse
de recursos determinados, es decir que son directamente asignados, no son
devueltos al Tesoro sino que los fondos no ejecutados quedan en las regiones
amazónicas para futuros proyectos de inversión.
La gestión del presupuesto público debe ser multianual y
vinculada a un plan territorial de mediano y largo plazo. El camino para ello es fortalecer
la capacidad de gestión de todos los niveles de gobierno y generar instrumentos
financieros sostenibles, como pueden ser los fondos de inversión. Lo que no es
aceptable es que se opte por recortar los recursos a los gobiernos
regionales, menos aún cuando esto se hace en beneficio de un pequeño grupo de
comerciantes y empresarios.
El Presidente ha anunciado que observará la ley, lo cual da
al Congreso una nueva oportunidad. Debe conformarse de inmediato una mesa de
concertación con los gobiernos regionales e iniciarse un programa de consultas con
los gobiernos locales, las comunidades indígenas, las organizaciones e
instituciones sociales y los sectores empresariales. De ese proceso deben
surgir las propuestas para mejorar el uso de los recursos provenientes
de la eliminación de las exoneraciones tributarias.
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