¿Es suficiente el aporte de las Industrias Extractivas? (Texto motivador)

¿Es suficiente el aporte de las Industrias Extractivas? (Texto motivador)
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Elaborado por: Nilton Quiñones
04-mayo-2011


El presente texto tiene como objetivo plantear insumos para el debate sobre si ¿es suficiente el aporte de las industrias extractivas? Para ello se ha tratado de recoger las impresiones sobre el tema de los diversos actores, provenientes de la academia, de la arena política, la sociedad nacional de minera y petróleo, y de instituciones de la sociedad civil.

Asimismo, el texto intenta de manera sintética plantear las principales ideas y algunos conceptos claves que se deben tener en cuenta para la reflexión sobre el tema. Para esto, el documento se ha organizado en 3 puntos, donde al término de cada una de ellos se presentan algunas preguntas que buscan avanzar en la reflexión y el debate.

1. Bonanza minera e incremento en la recaudación tributaria

Desde el año 2005, la economía peruana viene atravesando un período de “bonanza” fiscal proveniente del sector extractivo, principalmente del minero e hidrocarburos, producto de los altos precios de las materias primas en el mercado internacional, pese a la crisis financiera internacional del 2008. Así pues, tenemos que entre los años 2001 y 2009, la recaudación por la actividad minera se multiplicó por 17,5 en el total de tributos internos .

Esta bonanza trajo consigo un incremento de la recaudación minera; de acuerdo a la Nota Semanal de la SUNAT del total de tributos recaudados entre 1998 - 2010, considerando tributos internos y aduaneros, el sector minero ha representado en promedio el 8.3%, mostrando entre 1998 – 2004 de 3.1% y entre 2005 – 2010 de 12.8%. Dicho incremento es explicado en buena parte por el aumento de las cotizaciones internacionales de los minerales, esto a pesar de que entre 2005 - 2010 el nivel del volumen exportado de minerales como oro, molibdeno, estaño y plata, registraron importantes reducciones. En suma, si bien el aporte del sector se ha incrementado de manera importante en los últimos años, aun está lejos de sectores como Servicios (38%). Manufactura (25%) o Comercio (13.3%).

Por otro lado, de acuerdo, al estudio de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMEP) “La Tributación Minera en el Perú: contribución a la carga tributaria y fundamentos conceptuales”. Entre 1998-2009 el Sector Minero participo con el 32.4% del total de la recaudación de impuestos a la Renta (incluyendo tercera categoría, impuestos a las otras rentas, las regalías y el aporte voluntario). Esta participación creció a medida que se incrementaron los precios internacionales de los minerales; presentando un pico de participación el 2007 con el 49% de la cargas a las renta.

Cabe señalar, que la diferencia entre las cifras que presenta la SUNAT y la SNMPE, se debe a que ésta última ha considerado el “aporte voluntario” como parte de la carga tributaria de las empresas mineras, es preciso aclarar aquí, que el “aporte voluntario” no constituye un impuesto y que además es un fondo administrado directamente por las mismas empresas.

Así también, de acuerdo al informe N° 12 de Vigilancia de las Industrias Extractivas del Grupo Propuesta Ciudadana, si se compara la renta generada con el valor de producción minero (ratio RG / VPM) se tiene una tendencia creciente de mayor participación de las rentas por parte del Estado. En consecuencia, durante el periodo 2002-2007 el Estado ha captado una proporción creciente de la riqueza generada, por un mejor rendimiento de las empresas mineras. A partir del 2007 y especialmente el año 2008 el porcentaje disminuye por la caída de las utilidades de las empresas y la crisis financiera internacional. Sin embargo, a partir del 2009 este ratio volvió a recuperar, otra vez de la mano del aumento de los precios. Ver cuadro 2.



Pero, aún cuando la participación del Estado en las rentas ha sido creciente como se ha visto en el cuadro 2, las empresas mineras en los años de altos precios han sido las que retuvieron una mayor parte de la riqueza generada, pues la utilidad neta de las empresas mineras con respecto al valor de producción ha pasado de 18% en el 2003 a 35% en promedio entre los años 2005 a 2010.


Este crecimiento en las utilidades, obtenidas por las empresas mineras, implica que las tasas de retorno de las empresas también son altas. Por ejemplo; En el caso de Antamina, la mina de cobre de Ancash, la inversión proyectada en 2002 superaba los US$ 2,000 millones y se estimaba una tasa interna de retorno (TIR) de 14%, es decir que los inversionistas recuperarían su inversión en siete u ocho años. La coyuntura internacional cambió todo, los inversionistas recuperaron su plata al año y medio y la TIR se encuentra fuera de cualquier estimado.


Esta situación ha motivado algunos debates interesantes sobre la participación del Estado en la recaudación de las rentas de las industrias extractivas. Uno de ellos, se manifiesta a partir de dos posturas en torno a este tema. Por un lado, algunos sostienen, que debido al carácter no renovable de los recursos y la propiedad estatal de los mismos (la empresa minera, petrolera o gasífera explota un recurso que no es de su propiedad, sino del estado, en casi todo el mundo), por tanto, justifican, por si solos, la aplicación de un impuesto (o una regalía), por encima de los impuestos que pagan todos los sectores.
Y por el otro, se encuentran quienes consideran que las empresas ya hacen frente una alta carga tributaria y que el aumento de la misma, sería un riesgo para el Perú y éste dejaría de ser un país competitivo y atractivo para la inversión.

Otro debate ligado al anterior, consiste en si el aporte de las empresas debe ser en función al nivel de rentabilidad adquirido, es decir si es que deben pagar más las que más ingresos generan.

Sin embargo, no debemos perder la perspectiva en el debate, debido a que es mucho más amplio que el que actualmente se plantea, incluso en el proceso electoral, pues no solo se trata del aspecto económico, sino mas de bien de cómo construir un nuevo escenario con un Estado con mayor poder de decisión en la extracción de sus recursos.

Entonces, considerando el actual contexto favorable en el precio internacional de los minerales y considerando además que no todos los sectores empresariales tributan de la misma manera,
¿Qué opina sobre las posturas planteadas sobre la participación del Estado en las rentas de las industrias extractivas?
¿Considera que el Estado debe capturar un mayor porcentaje de las rentas de las industrias extractivas?¿Cuáles serían las limitaciones y/o ventajas de optar por una u otra alternativa?

 

Nos preguntamos si es suficiente el aporte de las empresas extractivas y nos referimos a bonanza en términos económicos, pero nos olvidamos de algo sumamente importante: si este aporte nos repondrá el nivel de riesgos incrementales contra nuestra salud y nuestras propia vidas asi, como las de nuestros descendientes, un pais con muy graves problemas de contaminacion, mayores en un largo plazo que los que venimos viviendo, causadas por este tipo de industrias.
Entonces coincidiremos en que no hay aporte suficiente, este ingreso no compensara para reveritr el proceso de contaminacion y peor aún vendiendo a tan bajo precio materia prima que no tiene reposicion.
Como sabemos estas industrias no generan valor agregado para nuestro pais, los grandes consorcios mineros acaparan grandes utilidades y dejan para el pais un muy reducido porcentaje.
Somos un pais pobre y deudor, no tenemos lamentablemente otra salida, que se agrava, por el deficiente uso de los recursos por parte de las autoridades regionales y locales, que no saben invertir y sólo incrementan sus propios ingresos, y de sus allegados politicos y familiares en claros y continuos actos de corrupcion. No propician el ordenamiento territorial ni menos desarrollo local mediante emprendimientos locales, sea micro empresas, mejoramiento de la educacion, cultura y otros.
No alcanzamos pues, a definir pues proyectos concretos de desarrollo, no hay eficiencia en el gasto, sin resultados para mejorar las condiciones de vida. Como vemos de los indicadores de salud y educacion, empleo entre otros.
Ojalá que esta reflexión contribuya a que esta seudo "bonanza economica", sea aprovechada haciendo buen uso de los recursos, y que teniendo el la funcion de administrarlos, la conduzca eficientemente para paliar de alguna forma las necesidades urgentes de educacion, salud y trabajo planteando programas de desarrollo local y de proteccion del medio ambiente y con ello la vida de los peruanos.
Por ello la actitud ciudadana no debe ya ser pasiva, debe ser no solo vigilante, sino visionaria puesto que estamos jugando con el futuro de las generaciones venideras, puesto que de ellos es el pais que dejaremos antes

 

La extracción minera es un componente de la economía del país que tiene predominancia fuerte, tal como fue el caucho, el guano, hoy la minería, y gracias a la descentralización de alguna o otra manera los gobiernos locales gozan de esos recursos, pueden ejecutar obras en favor a las necesidades de las poblaciones, generar empleos temporales, pero haciendo un balance entre necesidades y los recursos que se dispone para atender, estamos de acuerdo que no es suficiente, por ende se plantean que ¿es necesario que las mineras paguen más? Para los que creemos en un país con justicia real es necesario que haya una justa retribución sobre la explotación de los recursos no renovables. Pero el gran dilema es que si tu, yo, o cualquier ciudadano que invierta sus recursos necesariamente es para ganar no es para perder, entonces las mineras están en su derecho de pagar sus obligaciones pero mas allá de ellos no las aran, entonces por que idolatrar a la inversión privada con la excusa que genera desarrollo, hagamos inversión estatal con los estándares de calidad en recursos humanos y tecnológicos entonces toda las ganancias serán ingreso del estado y una porción de ellas las reinvertirá, sé que es un planteamiento extremo, pero desde mi punto de vista eso es lo que quiere el pueblo se consideran que tienen el derecho, pero es un visión equivocada sobre la inversión privada, y otro aspecto a tomar en cuenta es que el negociado solo lo hacen el presidente de la república con sus ministros y lobistas se olvidan completamente de los pueblos que viven en esas zonas mineras, se podría ir mencionando una serie de problemas. En conclusión a la sobre ganancia minera hay que agravar mayor impuesto previo dialogo con ellos, y evaluar su inversión y su recuperación de la misma y si ya lo recupero todo lo invertido tienen que someterse a las reglas de juego, que se plante democráticamente, por ello urge un replanteo de la ley de minería, hasta me atrevería decir un cambio de la constitución.

 

Estimados amigos:
La constitución y las leyes que regulan la actividad minera en el Perú, actualmente corresponden a otro contexto, me explico:
- El año 93, en la que se elabora la actual constitución el contexto a grandes rasgos era que el precio de los minerales estaba en el suelo (quien quería comprar minerales?), la situación de guerra interna en que se encontraba el Perú no era atractivo para las inversiones sobre todo extranjeras y la legislación minera anterior estaba diseñado en el marco de la estatización de la minería que nos llevó al FRACASO en el caso minero; en estas condiciones quién quería invertir en el Perú?, pienso que por ello los gobernantes de ese entonces tuvieron que modificar las leyes y generar un ambiente atrayente a las inversiones, por eso se dan los contratos ley que garantizan a las empresas a realizar inversiones y claro ello permite también ahora grandes utilidades por no cobrar los impuestos correspondientes.
- La situación al 2010 ha cambiado, en principio el precio de los minerales se encuentra alto, ni que decir en el caso del oro; el Perú ya no tiene la guerra interna y se tiene entonces seguridad jurídica y como las leyes siguen siendo las mismas del 93, naturalmente que las compañías mineras tienen el derecho porque están actuando de acuerdo a ley; pero no quieren entender que los tiempos han cambiado y hay la necesidad de cambiar esas leyes regalonas que estaban diseñadas para atraer las inversiones.
- El Perú ahora en las condiciones descritas, es un país competitivo para la minería, pero la competitividad para el empresariado minero está dado porque tenemos leyes ambientales débiles y franqueables, autoridades corruptas que dan concesiones previa coimisión “Corrupción” y el pago de tributos es el que menos cobra (que pena y preocupante no, somos competitivos no por el lado bueno – sino por el lado malo / : leyes ambientales que no se aplican, autoridades corrompibles y corruptas, y cero pago de tributos, la empresa minera paga lo que le da la gana. Y el ESTADO que regula—donde está? Simplemente no hay.
Entonces el Estado no se protege a si mismo, sino a las empresas transnacionales que los corrompen y los tienen en el bolsillo, ahí esta el caso del excongresista “LEON” un caso que se conoce, cuantas perlas más tendremos, pues no sabemos.
Pienso que el Estado debe cambiar desde la constitución en ese capítulo y las leyes, donde las mineras como cualquier empresa si es competitiva y rentable pague sus impuestos, porque en éste caso no se les está tratando como a cualquier ciudadano peruano, por muy pobre que sea cuando compra sus productitos para sobrevivir está pagando impuestos indirectos, las mineras que pagan?... por eso es necesario medir a todos con la misma vara y ahí no hablaríamos de sobreganancias, sino de la renta total, qué corona tienen las compañías mineras? Esas son pues la fuerza de los lobbies.


Sin duda, pienso que si se cambian las leyes, las empresas mineras tendrían que pagar lo que cualquier mortal paga en el Perú sus impuestos. La limitación es que las autoridades del Estado Peruano no tienen la moral para cambiar las leyes, cobrar más impuestos si están aceiteados, con que cara van a decirle a las empresas mineras que paguen más, si los tienen en el bolsillo sometidos.
No hay otra alternativa de cambiar las leyes y verán que ninguno se va ir, porque van a seguir ganando.
Un abrazo
Zenón

 

Hola amig@s de la red, nuevamente incorporándonos a ver un tema muy importante, saludos cordiales al Sr. Nilton Quiñones, quien conducirá este foro.
César

 

Que gusto compartir este foro con participantes de las diferentes regiones del Perú porque nos ayudará a dialogar e intercambiar puntos de vista, y alimentar y/o aclarar algunas dudas.

Hablaré desde una experiencia concreta en Cajamarca, ciertamente hay muchos ingresos al Fisco por parte de la explotación de los recursos naturales no renovables , pero a la vez hay muchos conflictos sociales en diversas regiones y de manera particular en la mía, porque pareciera que al modelo de desarrollo económico del país no le interesa el desarrollo humano de sus ciudadanos /as, el desarrollo se mide por el recursos económico que las industrias extractivas generan sin tener en cuenta el daño irreversible que se ocasiona a la naturaleza.

El Gobierno de Fujimori dio carta libre al ingreso de las transnacionales y les liberó de impuestos, el mal llamado fondo de solidaridad con los pueblos del Perú no es una dadiva , no es un regalo de los buenos empresarios, es producto de los recursos naturales que extraen de nuestros territorios y que los EIA no preveen un % para resarzir el daño que se ocasiona, y lo que es peor ellos deciden sobre su uso.

 

De acuerdo con Zenon las normas deben estar orientadas a proteger a los ciudadanos /as y a defender su territorio, los empresarios no deben tener privilegios en el pago de los impuestos.
Es importante lo que vienen haciendo algunas regiones como Cajamarca elaborar instrumentos que regulen el uso de su territorio, como el ZEE y POT que se viene formulando, allí se requiere de un dialogo social, técnico, político y responsable y debe escucharse a las poblaciones sobre que modelo de desarrollo quieren y no imponerles a costas de incrementar el fisco que al final no implica crecimiento equitativo para todos y todas.

 

Estimados amigos (as), es un gusto participar en este tema.

En primer lugar pienso que las grandes empresas que explotan los recursos no renovables tienen muchas facilidades que nuestras autoridades y nuestras leyes lo permiten, puesto que si bien es cierto que nuestras leyes ambientales son débiles y franqueables y que muchas veces simplemente no se aplican.

Las autoridades corruptas que tenemos, porque las empresas ya compraron a estas disque “autoridades" es así que los ciudadanos que viven donde se extraen recursos minerales no renovables viven en un caos permanente, en principio porque ven que la contaminación es muy alta y que está dañando sus tierras de cultivo, la mayoría viven en pobreza y pobreza extrema y muchas veces no cuentan con los servicios básicos como educación, salud, etc. Que les permita salir de esto y se ven siempre marginados por los gobiernos de turno que en vez de tratar de mejorar esto, permiten que cada vez este problema se agudice más y que los inversionistas extranjeros se lo lleven todo muy fácil…
Entonces como se puede hacer para remediar esto?
Pienso que se debe modificar las leyes concernientes a estos temas, y poner un alto al abuso que estos grandes financieros vienen cometiendo en estos lugares con población altamente vulnerable ya que están acostumbrados a comprar conciencias de autoridades… pues no deberían tener ningún privilegio y aún más pienso que estos señores foráneos deberían pagar muchos más impuestos.

 

Una industria extractiva que no deje participar a la peruanidad,

tanto privada como pública y en todos sus niveles estratégicos, no servirá para el desarrollo nacional. Peor aún si el Perú decidió, desde tiempos de Fujimori, abandonar una política nacional para la configuracón protagónica en los precios y costos de nuestros recursos en el contexto internacional. El resultado es que con esta industria extractiva seguimos vendiendo barato y lento y comprando caro y rápido.

 

Estimados amigos (as ).
Este tipo de eventos llevado a cabo por Propuesta Ciudadana ,marca un proceso de concientización a la ciudadania , en revalorar nuestros extractivos ,que generen desarrollo social en las zonas de influencia donde se desarrollan estas actividades , pero que no ocurre a la fecha motivando conflictos sociales por no ser partícipes en la distribucción de la riqueza .Este modelo primario -exportador no ha sido capaz de combatir la pobreza y extrema pobreza, a pesar de su alto grado de rentabilidad ,por los altos precios de los minerales en el mercado internacional , claro ejemplo el que usted menciona de la Empresa Minera Antaminas (Ancash ) ,que en año y medio ha recuperado su inversión . La Constitución del año 1993 ha garantizado un marco de estabilidad jurídica a la inversión privada , las condiciones eran distintas a las de hoy , es decir había inflación , depresión en la economía mundial hoy felizmente superada por el crecimiento de economías emergentes de los paises asiáticos, lo que ha permitido un crecimiento de la demanda de las materias primas extractivas
CONCLUSIÓN : ES IMPORTANTE APLICAR UN IMPUESTO A LA SOBRE GANANCIA A LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS Y NO ÓVOLO VOLUNTARIO QUE DENIGRA LA DIGNIDAD DEL PUEBLO PERUANO , TAL COMO VIENE OCURRIENDO ACTUALMENTE.
Saludos.
Luis Zeta R

 

El concepto de responsabilidad social empresarial comenzó a introducirse en el país en la década del 90 y han sido las empresas mineras y la de hidrocarburos una de las más activas en promocionarlo.

¿Cuál fue el motivo? Las empresas mineras habían recibido un fuerte llamado de atención en la Cumbre de la Tierra de 1992 y a finales de la misma década lanzaron la Iniciativa Global de la Minería, en la que proponían desarrollar un proceso global de responsabilidad social para mejorar su imagen y enfrentar los conflictos sociales que estaban en aumento.

Por entonces, en el Perú la presencia y mayor influencia de grupos mineros transnacionales permitió un vínculo con estos procesos internacionales. La mayoría de empresas extractivas comenzaron a contar con códigos de responsabilidad e incluso desde enero de 2003, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, tuvo su propio Código de Conducta que fue suscrito por las principales empresas del país.

¿Qué han significado estos códigos? Revisiones de los códigos de conducta, permiten identificar aspectos positivos y también algunas claras limitaciones. Entre los aspectos positivos, se destaca que han servido para elevar el desempeño y las normas de la industria; dan algunas ventajas a las poblaciones que pueden utilizarlos para hacer responsables a las empresas si no los cumplen; pueden producir cambios positivos en el largo plazo y por lo general, las normas también incorporan a proveedores que prestan servicios a las empresas.

Entre las debilidades, se constata que hay una diferencia sustancial entre lo que dice el código y lo que finalmente hacen las empresas en sus zonas de influencia. Además, estos instrumentos carecen de mecanismos de sanción y de sistemas independientes de monitoreo y evaluación: los representantes de las mismas empresas actúan como legisladores y jueces de sus propias actividades, sin participación de terceras partes
Adicionalmente, un análisis realizado por la OCDE, de 246 códigos voluntarios, permitió identificar que estos instrumentos no incorporan normas universales mínimas como las establecidas en el sistema internacional de derechos humanos. También se señala, como un vacío importante, que estos códigos no proporcionan a los denunciantes el acceso a mecanismos adecuados para plantear sus demandas.

Lo cierto es que mientras los mecanismos de responsabilidad social se han venido expandiendo en el país, al mismo tiempo la regulación pública y los espacios de control social han retrocedido de manera notoria. Desde las industrias extractivas, el mensaje central es que los mecanismos voluntarios pueden controlar todo tipo de externalidad negativa de sus actividades sin necesidad de crear instrumentos de regulación pública.
Cabe preguntarse si los denominados mecanismos voluntarios son realmente una alternativa a la regulación estatal. El debate parece darse entre un camino casi excluyente de autorregulación privada y en el lado opuesto la alternativa de fortalecer una mayor regulación pública.
Los conflictos vinculados a actividades extractivas han aumentado, no solo en número sino también en intensidad y poco es lo que han podido hacer las empresas y sus códigos para enfrentarlos. Los informes de la Defensoría del Pueblo nos demuestran que la mitad de los conflictos que se producen en el país son conflictos socio-ambientales y de estos el 80% son mineros y de hidrocarburos.

Además, la mayoría de conflictos vinculados a minería e hidrocarburos involucran a empresas que cuentan con códigos de responsabilidad social. Basta ver la página de Pluspetrol y sus excelentes enunciados de responsabilidad social que contrastan con los 70 derrames de petróleo producidos en los últimos años. ¿Hay algún punto de contacto real entre el código de conducta de la empresa minera Caudalosa Chica y el irresponsable manejo de sus relaves que cayeron a los ríos en Huancavelica? ¿Acaso no llama la atención que Doe Run, una de las peores empresas, anuncie en su código de conducta que está “trabajando por consentimiento público y apostando por el Perú”?

Por supuesto no todo es negativo e inútil. La propia Doe Run ha sido expulsada de la Sociedad Nacional de Minería por incumplir precisamente el código de conducta; sin embargo todo indica que no es suficiente y se debe superar el campo limitado y casi excluyente de los mecanismos voluntarios.

Uno de retos pendientes es cómo se pueden generar complementariedades entre los mecanismos de responsabilidad social empresarial y las propuestas que buscan generar regulaciones ambientales y sociales más estrictas. Si bien hasta el momento estas dinámicas son antagónicas, se debería avanzar en un trabajo articulado y complementario.

El Perú es un país que presenta una débil gobernabilidad. El desafío por lo tanto es construir una institucionalidad acorde con las demandas actuales, que tenga una real capacidad de gestión para manejar la dimensión social y ambiental en las zonas de influencia de las actividades extractivas.
El desarrollo, con su necesario componente de crecimiento económico, donde la inversión privada tiene un rol que nadie discute, tiene que tener una dimensión ética, de respeto irrestricto a los derechos de las personas y a los principios democráticos.

¿Esto se logrará con mecanismos de responsabilidad social empresarial? En parte, pueden dar su aporte, pero sobre todo con regulación pública eficiente que dé cabida a una real participación ciudadana. Es sólo de esta manera que los organismos del Estado peruano y las propias empresas, podrán recuperar la confianza de las poblaciones y superar la percepción que todas su acciones son contrarias a sus intereses.

 

Un tema de creciente debate sobre la renta minera y el desarrollo del Perú a ido creciendo con motivo de las próximas elecciones presidenciales. Muchos pueden pensar que hubo razones para establecer condiciones extremamente favorables a la inversión extranjera cuando corrían los tiempos del fin de la guerra contra el terrorismo, pero han pasado 20 años y la situación es muy distinta no solo en el Perú, sino en el mundo. De otra parte, el debate sobre cómo convertir el crecimiento en desarrollo será un tema que nos acompañará en los próximos años, y de las decisiones que tomemos hoy depende en gran medida el futuro del país.

Por esta razón reproducimos el artículo e Waldo Mendoza “Humala, PPK y la minería” publicado en El Comercio del 13 -01- 2010, que a nuestro entender define con claridad las razones de por qué los peruanos debemos obtener mayores rentas de la explotación de nuestros recursos naturales no renovables.

"Una de las pocas propuestas atendibles de Humala es el del tratamiento tributario que debe darse a la minería. Su propuesta ha tenido tanta pegada que hasta PPK se la ha comprado, matizándola. Más candidatos prometerán cobrar más a las mineras, aunque algunos, como García en el 2006, lo harán solo para la foto.

Hay razones que justifican el tratamiento discriminatorio a la minería.

Primero, porque el mineral es un recurso no renovable. Solow y Stiglitz plantearon en 1974 que la explotación de minerales reduce el stock de capital natural de la economía. En 1977, Hartwick, en la regla que lleva su nombre, propuso que el Estado tome parte o la totalidad de la renta o ganancia extraordinaria y la invierta, para mantener el capital total intacto.

Segundo, porque el mineral es del Estado, tal como lo establece el artículo 66 de nuestra Constitución. Solo por ser dueño, el Estado debe recibir un pago por el derecho a explotar el recurso, adicional al pago del impuesto común a otros sectores.

Tercero, porque dada la dificultad del ingreso de nuevas firmas a este tipo de industrias, considerando que el recurso natural es un factor fijo, existe renta, incluso en el largo plazo.

El carácter no renovable de los recursos y la propiedad estatal de los mismos, justifican, por sí solos, la aplicación de un impuesto por encima de lo que pagan los otros sectores, al margen de si existe o no renta. Es decir, aun cuando no haya renta, el Estado debe recibir un pago por ser propietario y porque necesita renovar el stock de capital destruido por la explotación de recursos no renovables.

En esa dirección, debe considerarse la creación de un impuesto específico para la minería, similar al de Chile, como un porcentaje de la renta imponible. La tasa a aplicar debiera permitir alcanzar un monto de ingresos para el Estado, que, incluyendo las regalías, permita financiar la inversión en capital físico y humano necesario para reponer el stock de capital natural perdido por la explotación minera. Para reparar el defecto del canon y el óbolo minero, estos recursos debieran gastarse en las zonas pobres del país que no gocen de la bonanza minera.

Con una contribución mayor de la minería al fisco y el buen uso de esos recursos, el actual modelo de desarrollo, que triplicó el PBI en los últimos 10 años, puede quedarse a vivir en el Perú."

(*) Jefe del Departamento de Economía de la PUCP

 

“Urge que el nuevo gobierno establezca cambios para regular y fiscalizar adecuadamente la explotación de los recursos naturales y la gran inversión. Hay graves impactos sociales, ambientales y económicos que demuestran que la política actual centrada en el extractivismo tiene que revisarse”, señaló la coordinadora de la Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE), Alejandra Alayza.

Las concesiones mineras, ubicadas principalmente en comunidades campesinas, crecieron de 2,3 millones de hectáreas en 1991 a 19,8 millones en 2010 a la par que los conflictos socioambientales que en un 76% están vinculados a la actividad minera y de hidrocarburos. El 80% de los lotes de hidrocarburos están superpuestos sobre derechos de comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y sin embargo desde mayo de 2010 sigue sin promulgarse la ley de consulta previa a los pueblos indígenas que contribuiría a prevenir los conflictos sociales, apuntó Javier Jahncke de Fedepaz.

El especialista pidió la aprobación inmediata de la norma y que se considere a las comunidades campesinas y nativas como aliados del desarrollo, no como obstáculos.

“Para fortalecer la democracia necesitamos garantizar la consulta previa a las comunidades y la participación efectiva de la población. La explotación de los recursos naturales está asociada a una alta conflictividad social que debe encarar el próximo gobierno”, señaló por su parte el economista José de Echave de Cooperacción.

En lugar de respetar el derecho a la consulta y la participación, el Ejecutivo ha aprobado entre 2006 y 2009, 246 decretos de urgencia para flexibilizar y facilitar proyectos de inversión privada relacionados a las industrias extractivas como la construcción de infraestructura en puertos o carreteras, pero que no toman en cuentan en muchos casos las implicaciones ambientales y sociales.

“Hay un modus operandi desde el Ejecutivo que trasgrede la Constitución porque muchos de estos proyectos no califican para ser considerados de interés nacional y tampoco la excepcionalidad de emergencia“, señaló Antonio Zambrano de Forum Solidaridad.

Costos ambientales versus ganancias económicas

Los costos ambientales también deben contabilizarse en las ganancias económicas generadas por las industrias extractivas y los megaproyectos. César Gamboa de DAR señaló como ejemplo que el proyecto Inambari generará un canon hidroenergético anual de US$59 millones pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los US$90 millones según el propio Ministerio del Ambiente. Por los 30 años que dure la concesión de Inambari la pérdida de bienes y servicios ambientales será de US$2.700 millones mientras que el canon de esos años US$1.770 millones. La diferencia bordea los mil millones de dólares.

“Necesitamos internalizar los costos de esas pérdidas de ecosistemas frágiles, de flora y fauna, para establecer un criterio de sostenibilidad y equidad antes de apostar por estos proyectos de inversión”, aseguró Gamboa, quien consideró que el nuevo gobierno debe establecer cuál es la demanda energética del país en 20 o 30 años para no exportar recursos en cantidades que resultan perjudiciales para el país como sucedió con el proyecto gasífero Camisea. No podemos poner en riesgo la seguridad energética del país”, agregó.

El próximo gobierno debería aplicar medidas tributarias para aumentar la participación del Estado en las rentas extraordinarias del sector minero para redistribuir de manera justa los beneficios con la población, señaló Epifanio Baca de Propuesta Ciudadana. En 2010, las utilidades netas de las principales empresas mineras aumentaron en 35.5% en relación al año anterior. La rentabilidad de estas compañías creció de 37% en 2009 a 41% en 2010. El motivo: entre 2001 y 2010 el precio promedio del oro, cobre y plata se disparó en cinco veces.

Pero entre 2006 y 2010 el Estado dejó de recaudar S/. 2,457 millones por regalías mineras no pagadas por las empresas que tienen contratos de estabilidad tributaria. El “Aporte Voluntario” tampoco ha resultado ser un buen mecanismo efectivo de redistribución porque a diciembre de 2010 sólo se ejecutó el 61% de sus recursos.“También debe replantearse la distribución del canon que se ha convertido en un generador de desigualdad entre las regiones porque hay algunas que se benefician más que otras”, agregó Epifanio Baca.

Cambio climático agrava el problema

La vulnerabilidad de recursos naturales escasos como el agua se agrava con los efectos del cambio climático por lo que urge evaluar estos aspectos en la política económica que emprenda el próximo gobierno. “El propio Ejecutivo ha señalado en la Segunda Comunicación Nacional de Cambio Climático que entregó a Naciones Unidas que hay una limitación en enfrentar el cambio climático porque existe en el país una política de desarrollo basada en las industrias extractivas“, aseguró Rocío Valdeavellano, coordinadora del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc).

Estas consideraciones son importantes para definir dónde sí y dónde no pueden ejecutarse proyectos extractivos y de gran inversión ya que por ejemplo en la región Piura más del 40% de los páramos, que son fuentes de agua, fueron entregados a proyectos mineros a mayo de 2010.

“Al 2021 el Perú se ha comprometido en llegar a la deforestación cero y que el 40% de energía será de fuentes renovables, pero ¿será posible alcanzar estas metas nacionales si se continúa depredando y afectando los recursos con estos proyectos? Debe haber mayor coherencia”, aseguró Valdeavellano.

Hacia un nuevo desarrollo

El experto uruguayo Eduardo Gudynas del Centro Latinoamericano de Ecología Social consideró que las transiciones a nuevos modelos de desarrollo ya son inevitables debido a los cambios globales como el agotamiento del petróleo, el encarecimiento de los alimentos, el impacto del cambio climático, la crisis económica de los países industrializados y la dependencia de los países asiáticos de los recursos naturales de países en vías de desarrollo como el Perú.

“Perú no puede ser ajeno a estos cambios y cuánto antes se preparare para enfrentar estos cambios estará en mejores condiciones para garantizar energía y alimentos suficiente para su población”, aseguró Gudynas.

Por ello, la Asociación Nacional de Centros (ANC), APRODEH, CEPES, CONADES, CooperAcción, Fedepaz, Forum Solidaridad, DAR, Allpa, Propuesta Ciudadana, IPROGA, MOCICC, Jubileo Perú, RedGE, Red Muqui y Revenue Watch Institute se han unido parar elaborar 28 propuestas vinculadas a las industrias extractivas y grandes proyectos de inversión para que en la campaña se discutan estos temas de interés nacional y el nuevo gobierno asuma estos desafíos.

 

Oxfam presentó su informe Perú 2009-2010
Autor: César Bedoya

Hace unas semanas Oxfam presentó su Informe Perú 2009-2010, titulado “Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú”. Nutrido documento en el que se hace una lectura general del país, además anexa un detalle sobre lo que hace Oxfam en el mundo y en particular en el Perú, respecto a varios temas hacia los que orienta sus recursos: agricultura y recursos naturales, industrias extractivas, integración regional y comercio, trabajo digno y ciudadanía, pueblos indígenas, género, cambio climático, ayuda humanitaria y gestión de riesgos. De hecho, en el período 2009-2010, Oxfam aportó fondos por US$ 5,132,752 en diversos proyectos e iniciativas de desarrollo en el país.

Gloso algunas de las ideas más importantes de algunos de los ensayos que componen este informe, a modo de promover su lectura y, por qué no, su debate.

Francisco Durand, busca dibujar un “nuevo mapa del poder económico” en el Perú y constata cuatro tendencias: 1) la expansión acelerada de la propiedad privada y desplazamiento de la pública y comunitaria 2) la reconfiguración del poder económico en torno a actividades primarias y financieras y con la concentración del mercado en pocas corporaciones 3) la proyección social de las corporaciones incidiendo en zonas pobres y territorio de pueblos indígenas. Carolina Triveli, en su ensayo nos indica que los pobres en el Perú, siguen siendo los mismos y muchos, que el crecimiento económico es necesario para mantener las reducciones sostenidas en la pobreza, pero que no es suficiente y que para hacer más efectivo el impacto de éste, son imprescindibles políticas redistributivas. Nelson Manrique despliega un interesante análisis del escenario que se viene, marcado por la coyuntura electoral municipal, regional y luego presidencial. A partir de las cifras del último Latinobarómetro, le toma le temperatura a la democracia y el pronóstico sigue siendo reservado, esta tiene que ir más allá de los protocolos electorales y buscar afirmar y garantizar derechos ciudadanos. Mariano Valderrama analiza el aporte del boom gastronómico nacional y su aporte al desarrollo, al activar una gran cadena de valor que llega hasta los pequeños productores del campo a partir de una singular alianza “cocinero campesina”. Francisco Soberón y Miguel Jugo, despliegan claras evidencias sobre cómo en el país se viene criminalizando la protesta social a través de diversos mecanismos que van de la descalificación pública de las movilizaciones sociales y sus líderes, la renuncia al diálogo, la judicialización de los conflictos sociales. Aida García Naranjo nos muestra lo lento que se viene avanzando en el tema de la equidad de género en el país. De hecho el Perú sigue siendo un país donde las mujeres viven en inequidad. La lista de aportes sigue: Alberto Chirif, Carlos Bedoya, Anibal Quijano, José De Echave, Alberto Hill. No se pierdan este material y lo pueden bajar de:

http://es.oxfamamerica.org/noticias/publicaciones/MEMORIA FINAL.pdf

 

El Estado en función a la normatividad vigente ha venido y viene actuando con todas sus limitaciones para regular el aporte de las actividades extractivas privadas. Sin embargo, en tiempos de bonanza es necesario que las empresas aumenten su aporte, dado que no sólo es cumplir el contrato, se trata también de una cuestión ética, equiparar ganancias tanto para beneficio del empresario y el Estado de Bienestar del País. Muchas veces, algunas empresas justifican y contabilizan su aporte impositivo con algunas acciones de responsabilidad social que realizan.

Incrementar el aporte impositivo de las actividades extractivas es justo y necesario en la medida en que los precios internacionales de los minerales mantengan su precio alto, además extraer materias primas de ésta naturaleza siempre atenta y atentará la sustentabilidad de las futuras generaciones.

Es menester que se reajuste algunos puntos básicos de la normatividad que regula la actuación del Estado en este tipo de materias, necesidad de establecer con mayor especificidad el papel del Estado es este tipo de coyunturas de bonanza. Para cristalizar se requiere renegociar con las empresas sobre el incremento de su aporte, en función al aumentó de los precios tangible en el mercado internacional.

 

La respuesta a la pregunta ¿es suficiente el aporte de las Industrias Extractivas? Gesta por si sola una serie de argumentos que responden que es insuficiente. De los trabajos expuestos en el presente foro he podido extraer algunos pocos:
- El canon actual en el Perú, en realidad, es el impuesto a la renta, pagada por todos los empresarios que desarrollan actividades en el Perú.
Las industrias extractivas tienen carácter perentorio, es decir, el mineral es un recurso no renovable. Solow y Stiglitz sostienen que “la explotación de minerales reduce el stock de capital natural de la economía”.
Porque el mineral es del Estado, tal como lo establece el artículo 66 de nuestra Constitución. Solo por ser dueño, el Estado debe recibir un pago por el derecho a explotar el recurso, adicional al pago del impuesto común a otros sectores.
Los riesgos incrementales contra nuestra salud y vidas, asi como las de nuestros descendientes, a modo de contaminación, tienen que generar compensaciones.
La bonanza económica ha creado una burbuja económica que es efimera, como lo fue en su oportunidad el caucho y el guano.
Las condiciones existentes en la década del 90 han variado totalmente respecto a las actuales, donde los gastos de exploración son mínimos y los precios de los metales exhuberantes.
Las industrias extractivas producen daños irreversibles al territorio y a las personas que lo habitan.
Elevación de precios internacionales generan utilidades sin gasto. La rentabilidad de estas compañías creció de 37% en 2009 a 41% en 2010. El motivo: entre 2001 y 2010 el precio promedio del oro, cobre y plata se disparó en cinco veces.
El espíritu del actual óvolo voluntario , aceptado por Alan García, agrede la dignidad del Estado Peruano.
Los costos ambientales deben contabilizarse (ejemplo, el proyecto Inambari generará un canon hidroenergético anual de $59 millones pero el valor de los servicios y bienes ambientales que se perderá con el proyecto llegaría a los $90 millones. Por los 30 años que dure la concesión de Inambari la pérdida de bienes y servicios ambientales será de $2.700 millones mientras que el canon de esos años $1.770 millones. ¡La diferencia bordea los mil millones de dólares!).

No sólo es insuficiente, sino que también es excluyentes por lo que para reparar el defecto del canon y del óbolo minero, estos recursos debieran gastarse en las zonas pobres del país que no gocen de la bonanza minera.

 

Muy interesante las intervenciones de todos y todas las participantes:
Para avanzar en el debate tengo algunos comentarios:
1. Se tiene claridad que el canon minero es la participación a la renta que genera la actividad minera en la región. ¿pero esto les deba dar licencia social para contaminar o extraer mas o menos? ¿acaso el canon minero es un impuesto a la contaminación? No! Si el canon minero fuese el 100% del IR. entonces contamina con gusto?
2. Las regalias mineras es un pago por el agotamiento del mineral. Esto tiene que ver con la reposición del capital. Entonces: ¿por el pago de la regalía se da algun derecho a la empresa a contaminar? No!! Todas las empresas mineras deberian pagar regalias?: Si!! No lo hacen por esos contratos de estabilidad tributaria que son lacivos a los intereses nacionales. Debería seguir firmandose estos?
3. Mi punto es: Que si el Estado cumple su rol de regulador, que garantice por lo menos que efectivamente el contaminamnte pague (ver articulo ultimo de Salazar, IDL), que se cobre a todos las regalias mineras y que los contratos mineros (ver articulo de Stiglitz caso REPSOL) deben maximar el beneficios (social y economico) pensando epoca de crisis y de bonanzas de precios para el país. Entonce no estariamos en esta disucsión.
4. Finalmente: El sustento del impuesto a las sobreganancias no iria por el lado ambiental sino que efectivamente existe sobreganancias y el Estado debe participar pq esta en su derecho yaun cuando no PUDO hacer buenos contratos!!

 

Estimados y estimadas:

Comparto las direcciones electronicas donde puedene oncontrar los doc. señalados anteriormente:

El artículo de Milagros Salazar sobre la debilidad del Estado para aprobar los Estudios de impacto y ambiental pueden verlo en: http://derechoshumanos.pe/2011/04/18/inutiles-estudios/

El artículo de J. Stiglizt sobre el rol del Estado frente a las empresas extractivas y sus retos pueden verlo en: www.propuestaciudadana.org.pe/.../RecursosNaturalesDesarrolloyDemocracia .pdf


Saludos,
Nilton

 

HOLA AMIGOS DE LA RED-El tema se encuentra en la agenda politica de los postulantes a la presidencia de la republica,tanto Keiko como Oyanta Humala,estan de acuerdo con la reformulaciòn y la reviciòn de los comtratos mineros e hidrocarburos que se venceran este año.

Lo que tenemos que replantear es una sobreganacia o impuesto de acurdo a los precios del valor de los mercados internacionales , asì mismo,proponerles les den valor agregado indutralizando el recurso
para generar trabajo calificado.

El problema del gobierno , es que sus instituciones reguladoras , no tienen la capacidad de sus tecnicos, al decidir en la sanciòn que se le deve de imponer a las trasnacionales que no solo contaminan el ambiente, sino que no cuentan muchas de ellas con la implementaciòn ,logistica y herramientas de seguridad de sus trabajadores.
¡NO ES SUFICIENTE EL APORTE DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS EN EL PAÌS!

GODOFREDO CALLE RUIZ--- CIUDADANO REGION PIURA

 

Es de suma importancia que las industrias extractivas deban ser tratadas

Con un enfoque geopolítico que permita categorizar cuáles de ellas deban ser asumidas como estratégicas y que consecuentemente obliguen a la peruanidad peruana y pública a participar protagonista y vinculantemente en la configuración de los precios y costos internacionales como pais o como grupo de paises en nuestro favor.